La discusión en torno a la ciberseguridad en México comienza a tomar un lugar central en la agenda pública. Recientemente, desde la Cámara de Diputados se subrayó que la ciberseguridad ya no debe entenderse como un asunto exclusivamente técnico, sino como una condición básica para el funcionamiento de una democracia moderna, la estabilidad institucional y la actividad económica.
En un entorno cada vez más digitalizado, los riesgos asociados a ciberataques, uso indebido de datos, interrupciones operativas y afectaciones a la confianza de los usuarios se han intensificado. Este contexto ha llevado a legisladores y especialistas a impulsar un marco normativo que fortalezca la prevención, la coordinación institucional y la responsabilidad de los distintos actores públicos y privados.
Para sectores como el turismo y, en particular, la industria de la propiedad vacacional, este debate resulta especialmente relevante. La operación cotidiana depende de plataformas tecnológicas, gestión de datos personales, procesos comerciales digitales y relaciones con proveedores y clientes tanto nacionales como internacionales. La ausencia de prácticas sólidas de ciberseguridad puede traducirse no solo en riesgos operativos, sino también en impactos reputacionales y legales.
Desde AMDETUR, damos seguimiento a estas discusiones con el objetivo de mantener informada a nuestra comunidad y de contribuir a una mejor comprensión de cómo los cambios regulatorios en materia de ciberseguridad pueden impactar a la industria. La evolución del marco legal refuerza la necesidad de adoptar una visión preventiva y estratégica, en la que la ciberseguridad sea entendida como un habilitador de confianza y continuidad del negocio.
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